Civil Law

A civil lawyer in Mexico typically charges:

Initial consultation: $40 – $125 USD.
Hourly rate: $50 – $200 USD.
Simple cases: $750 – $2,500 USD.
Complex cases: $2,500 – $15,000+ USD.

In cities like Mexico City, Guadalajara, and Monterrey, prices are usually 30–50% higher. Many lawyers offer a free first consultation and flexible payment plans.

If you’re sued and don’t have money for a lawyer, you can:

Request a free court-appointed attorney.
Look for contingency lawyers (they only charge if you win).
Consult university legal clinics (UNAM, IPN, UAM, etc.).
Negotiate affordable payment plans with private attorneys.

Don’t ignore the lawsuit: in most cases you only have 9 business days to respond.

On AbogadoMex.mx, you can find civil attorneys with flexible and affordable payment options.

You can find free civil lawyers at:

The State Public Defender’s Office.
University legal clinics (UNAM, IPN, UAM, etc.).
Your local Bar Association.
Municipal Justice Centers.
Law firms offering a free initial consultation.

For complex cases, many lawyers work on contingency fees (they only charge if you win).

On AbogadoMex.mx, you can filter by location and find civil attorneys near you

El terremoto puso al descubierto la negligencia en permisos de construcción, regulaciones laxas, corrupción de funcionarios encargados de otorgarlos, y la carencia de mecanismos efectivos para sancionar daños por construcciones deficientes. Muchas familias quedaron sin reparación porque el sistema legal no logró imponer responsabilidad clara a desarrolladores ni autoridades.

El amparo fue utilizado como herramienta legal para presionar a las autoridades a proveer viviendas seguras, reconstruir zonas dañadas, y atender reclamos de derechos vulnerados. Aunque no todos los casos prosperaron, sentó precedentes jurídicos importantes sobre la responsabilidad estatal y la necesidad de protección constitucional en casos de desastre.

Vecinas y vecinos, ONG dedicadas a vivienda y derechos humanos, así como colectivos ciudadanos, se organizaron para demandar transparencia, rendición de cuentas, y participación ciudadana. Esto generó presión social que impulsó reformas legales — por ejemplo sobre responsabilidad del Estado — y fortaleció el activismo legal como vía para buscar justicia tras desastres naturales.

Entre las reformas están mayor regulación en construcción, mejoras en normativa de permisos, exigencia de estándares mínimos de seguridad estructural, responsabilidad legal del Estado en casos de negligencia institucional, y fortalecimiento del papel del amparo y de organismos de derechos humanos para proteger víctimas. Estas reformas ayudan a prevenir que tragedias similares queden impunes.

Porque sus lecciones siguen siendo relevantes: los desastres naturales no sólo arrasan infraestructura sino que también desnudan las debilidades institucionales. Recordar 1985 significa mantener viva la demanda de responsabilidad, asegurar que leyes y autoridades estén preparadas para responder, y garantizar que los derechos de las víctimas sean respetados incluso en crisis. Esto fortalece el estado de derecho y la confianza en la justicia.

En México, el bullying laboral (o acoso en el trabajo) se define como conductas repetidas de hostigamiento, humillación, aislamiento o agresión psicológica entre compañeros o superiores. Aunque no siempre se configura como delito, puede tener consecuencias civiles, laborales e incluso constitucionales cuando viola derechos fundamentales, por lo que la víctima puede recurrir al amparo o exigir responsabilidad bajo la Ley Federal del Trabajo.

Los afectados pueden presentar denuncias ante autoridades laborales, interponer juicios ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, buscar amparos para protección constitucional, y en ciertos casos solicitar indemnizaciones civiles por daños y perjuicios. También pueden exigir sanciones internas en la empresa y que ésta implemente medidas correctivas para prevenir futuros actos de acoso.

Entre los principales desafíos están: la dificultad para recopilar pruebas (testimonios, grabaciones, evidencias físicas), la resistencia de instituciones o empresas que intentan encubrir los actos, los largos procesos judiciales, y la limitación de leyes específicas que tipifiquen el bullying con sanciones claras. Además, muchos casos deban recurrir al amparo como medida extraordinaria, lo cual no siempre garantiza una solución eficiente.

Se demanda la inclusión de sanciones penales explícitas para casos graves de acoso, creación de mecanismos de denuncia accesibles en empresas e instituciones educativas, apoyo psicológico y legal gratuito para las víctimas, y que las leyes laborales y educativas obliguen a las organizaciones a implementar protocolos de prevención y atención del bullying.

Algunas acciones prácticas incluyen: documentar todos los incidentes (fechas, textos, testigos, capturas), comunicar formalmente el problema a Recursos Humanos o autoridad interna, exigir que la empresa aplique sus protocolos de prevención, solicitar asesoría legal especializada, y si es necesario presentar un amparo o demanda laboral para exigir reparación y protección.

Aunque puedes presentar la denuncia inicial sin representación legal, la asesoría legal especializada aumenta significativamente las probabilidades de éxito. Los casos manejados con asistencia profesional tienen una tasa de resolución favorable del 85%, comparada con el 45% de casos auto-gestionados. Un abogado especializado en delitos cibernéticos conoce los procedimientos técnicos, puede coordinar eficazmente con peritos digitales, y tiene experiencia negociando con instituciones financieras. Además, en casos complejos que involucran múltiples jurisdicciones o grandes cantidades de dinero, la representación legal es prácticamente indispensable. Muchos despachos ofrecen consultas gratuitas iniciales y esquemas de pago condicionados al éxito del caso.

The typical deadline is 9 business days to answer the lawsuit once you receive notification, but it may vary according to type of trial and jurisdiction. In commercial trials the deadline may be shorter (5-8 days), while in civil ones it may extend to 15 days in specific cases. It's crucial to verify the specific summons that indicates the exact deadline granted by the court. Don't count non-business days (Saturdays, Sundays, and official holidays). If the deadline expires on a non-business day, it extends to the next business day. Missing this deadline means entering procedural default, losing the right to defend yourself and allowing the judge to issue sentence only with plaintiff's elements.

Ignoring the notification generates serious legal consequences: you're declared in procedural default, automatically losing the right to defend yourself, present evidence, or contradict the lawsuit. The judge can issue condemnatory sentence based solely on plaintiff's arguments and evidence. Precautionary seizures will proceed on your assets to guarantee payment, additional court costs will be imposed for your non-appearance, and the process will continue without your participation. Once sentence is issued, it will be very difficult and expensive to appeal it. Damage to your credit history will be inevitable if it involves payment obligations, affecting future financial and commercial transactions. Default judgment can be enforced immediately without further notice.

Absolutely yes, and it's frequently the best option for both parties. You can negotiate directly with the counterpart or through lawyers to reach an extrajudicial agreement. Options include payment restructuring, partial debt forgiveness, deadline extensions for compliance, partial compliance with total release, or payment in kind with alternative assets. Extrajudicial agreements are faster and more economical than prolonged litigation, allow maintaining future commercial relationships, avoid high procedural costs, and offer greater control over final terms. Document any agreement through notarized covenant to give it legal certainty and avoid future conflicts about its interpretation or compliance. Mediation services can also facilitate neutral negotiations.

El plazo típico es de 9 días hábiles para contestar la demanda una vez que recibes la notificación, pero puede variar según el tipo de juicio y jurisdicción. En juicios mercantiles el plazo puede ser menor (5-8 días), mientras que en civiles puede extenderse a 15 días en casos específicos. Es crucial verificar el emplazamiento específico que indica el plazo exacto otorgado por el juzgado. No contar días inhábiles (sábados, domingos y días feriados oficiales). Si el plazo vence en día inhábil, se extiende al siguiente día hábil. Perder este plazo significa entrar en rebeldía procesal, perdiendo el derecho a defenderte y permitiendo que el juez dicte sentencia solo con los elementos del demandante.

Ignorar la notificación genera consecuencias legales graves: se te declara en rebeldía procesal, perdiendo automáticamente el derecho a defenderte, presentar pruebas o contradecir la demanda. El juez puede dictar sentencia condenatoria basándose únicamente en los argumentos y pruebas del demandante. Procederán embargos precautorios sobre tus bienes para garantizar el pago, se impondrán costas judiciales adicionales por tu incomparecencia, y el proceso continuará sin tu participación. Una vez dictada la sentencia, será muy difícil y costoso impugnarla. El daño a tu historial crediticio será inevitable si implica obligaciones de pago, afectando futuras transacciones financieras y comerciales.

Absolutamente sí, y es frecuentemente la mejor opción para ambas partes. Puedes negociar directamente con la contraparte o a través de abogados para alcanzar un convenio extrajudicial. Las opciones incluyen reestructuración de pagos, quitas parciales del monto adeudado, extensión de plazos para cumplimiento, cumplimiento parcial con liberación total, o dación en pago con bienes alternativos. Los acuerdos extrajudiciales son más rápidos y económicos que litigios prolongados, permiten mantener relaciones comerciales futuras, evitan costos procesales elevados, y ofrecen mayor control sobre los términos finales. Documenta cualquier acuerdo mediante convenio notariado para darle certeza jurídica y evitar futuros conflictos sobre su interpretación o cumplimiento.

Los costos varían según la complejidad y duración del proceso: honorarios de abogado entre 15,000−50,000 MXN para casos simples, llegando a 100,000−500,000 MXN en litigios complejos. Los gastos judiciales incluyen copias certificadas (500−2,000 MXN), notificaciones (1,000−5,000 MXN) y peritajes especializados (10,000−50,000 MXN según la materia). Las costas procesales pueden alcanzar entre el 10% y el 20% del valor del juicio si pierdes. El tiempo invertido en audiencias, diligencias y trámites representa un costo de oportunidad significativo. Contratar a un abogado desde el inicio puede ser más económico que remediar errores procesales posteriores. Muchos abogados ofrecen esquemas flexibles de pago: cuotas mensuales, honorarios mixtos (fijo + porcentaje de éxito) o bajo contingencia, donde pagas solo si ganas el caso.

La documentación esencial incluye el contrato original completo con todas sus modificaciones y anexos, comprobantes de todos los pagos realizados (transferencias, cheques, recibos), correspondencia completa entre las partes (emails, WhatsApp, cartas), estados de cuenta que reflejen movimientos relacionados, y evidencia de cumplimiento parcial de obligaciones. También registros de intentos de cumplimiento o comunicación de problemas, facturas y documentos que sustenten servicios prestados o bienes entregados, fotografías o videos que documenten cumplimiento de obras o servicios, testigos presenciales de acuerdos verbales o cumplimientos, y documentación que justifique el incumplimiento (fuerza mayor, caso fortuito). Organiza cronológicamente toda la documentación y realiza copias certificadas de documentos cruciales para presentar como pruebas en el proceso judicial.

Necesitas un abogado derecho civil cuando enfrentes conflictos relacionados con contratos incumplidos, compraventa de bienes inmuebles, divorcios contenciosos, sucesiones intestadas complejas, responsabilidad civil por daños, o disputas familiares sobre patrimonio. También es esencial en procesos de adopción, tutelas, incapacitaciones, y cuando requieras redactar contratos importantes como compraventa de propiedades, arrendamientos comerciales, o acuerdos prenupciales. Si recibes demandas civiles, notificaciones judiciales, o necesitas ejecutar sentencias, un especialista garantiza protección adecuada de tus derechos. La asesoría preventiva también es valiosa antes de realizar transacciones importantes o tomar decisiones que puedan tener implicaciones legales futuras.

Un abogado general maneja múltiples áreas del derecho superficialmente, mientras que un especialista en derecho civil posee conocimiento profundo y actualizado específicamente en regulaciones civiles, jurisprudencia relevante, y procedimientos especializados. Los especialistas comprenden matices técnicos de contratos, bienes, obligaciones, y responsabilidad civil que abogados generalistas pueden pasar por alto. Tienen experiencia específica en tribunales civiles, conocen magistrados y secretarios, dominan formularios y procedimientos particulares, y mantienen actualización continua en reformas y criterios jurisprudenciales civiles. Su red profesional incluye peritos, valuadores, notarios, y otros especialistas necesarios para casos civiles complejos. Los resultados suelen ser más favorables y eficientes con especialistas debido a su expertise focalizada.

Los honorarios varían según la complejidad del caso y la experiencia del abogado: Consultas iniciales: 1,500−5,000 MXN Divorcios de mutuo acuerdo: 15,000−40,000 MXN Divorcios contenciosos: 50,000−200,000 MXN Sucesiones simples: 25,000−60,000 MXN Sucesiones complejas: 80,000−300,000 MXN Litigios civiles: 40,000−500,000 MXN (según duración y valor disputado) Muchos abogados ofrecen esquemas flexibles de pago, como: honorarios fijos para trámites estándar, cuotas mensuales para procesos prolongados, o honorarios de éxito, donde pagas un porcentaje adicional solo si ganas el caso. Los gastos adicionales pueden incluir peritajes, publicaciones, certificaciones y costas judiciales. Se recomienda solicitar un presupuesto detallado y por escrito antes de contratar servicios legales para evitar sorpresas posteriores.

Los tiempos varían significativamente según tipo de caso: divorcios de mutuo acuerdo 2-4 meses, divorcios contenciosos 8-18 meses, sucesiones intestadas 6-12 meses, juicios ordinarios civiles 12-36 meses, juicios ejecutivos 6-18 meses, y procedimientos de jurisdicción voluntaria 1-6 meses. Factores que influyen incluyen carga de trabajo del juzgado, complejidad del caso, cooperación de las partes, necesidad de peritajes especializados, y apelaciones interpuestas. Procesos en CDMX suelen ser más rápidos que en estados con menor infraestructura judicial. Tu abogado puede acelerar procesos mediante estrategias procesales adecuadas, cumplimiento estricto de plazos, y negociación efectiva con contrapartes. La comunicación constante con tu abogado es clave para mantener momentum procesal.

Para verificar credenciales, consulta el registro del Colegio de Abogados de tu estado, confirma su cédula profesional en el sistema SEP, verifica membresías en organizaciones profesionales como la Barra Mexicana, y revisa antecedentes disciplinarios en colegios profesionales. Solicita referencias específicas de casos similares, busca reseñas online en plataformas confiables, y verifica su registro ante tribunales locales. Un abogado confiable debe mostrar transparencia sobre honorarios y costos, proporcionar contrato de prestación de servicios claros, mantener comunicación regular sobre avances del caso, y tener oficina establecida con infraestructura profesional. Señales de alerta incluyen promesas de resultados garantizados, solicitudes de pagos totales anticipados, falta de documentación formal, o evasivas sobre su experiencia y credenciales. La primera impresión en consulta inicial es indicativa de su profesionalismo general.

Necesitas un abogado derecho civil cuando enfrentes conflictos relacionados con contratos incumplidos, compraventa de bienes inmuebles, divorcios contenciosos, sucesiones intestadas complejas, responsabilidad civil por daños, o disputas familiares sobre patrimonio. También es esencial en procesos de adopción, tutelas, incapacitaciones, y cuando requieras redactar contratos importantes como compraventa de propiedades, arrendamientos comerciales, o acuerdos prenupciales. Si recibes demandas civiles, notificaciones judiciales, o necesitas ejecutar sentencias, un especialista garantiza protección adecuada de tus derechos. La asesoría preventiva también es valiosa antes de realizar transacciones importantes o tomar decisiones que puedan tener implicaciones legales futuras.

Un abogado general maneja múltiples áreas del derecho superficialmente, mientras que un especialista en derecho civil posee conocimiento profundo y actualizado específicamente en regulaciones civiles, jurisprudencia relevante, y procedimientos especializados. Los especialistas comprenden matices técnicos de contratos, bienes, obligaciones, y responsabilidad civil que abogados generalistas pueden pasar por alto. Tienen experiencia específica en tribunales civiles, conocen magistrados y secretarios, dominan formularios y procedimientos particulares, y mantienen actualización continua en reformas y criterios jurisprudenciales civiles. Su red profesional incluye peritos, valuadores, notarios, y otros especialistas necesarios para casos civiles complejos. Los resultados suelen ser más favorables y eficientes con especialistas debido a su expertise focalizada.

Los honorarios varían según la complejidad del caso y la experiencia del abogado: Consultas iniciales: 1,500−5,000 MXN Divorcios de mutuo acuerdo: 15,000−40,000 MXN Divorcios contenciosos: 50,000−200,000 MXN Sucesiones simples: 25,000−60,000 MXN Sucesiones complejas: 80,000−300,000 MXN Litigios civiles: 40,000−500,000 MXN (según duración y valor disputado) Muchos abogados ofrecen esquemas flexibles de pago, como: honorarios fijos para trámites estándar, cuotas mensuales para procesos largos, o honorarios de éxito, donde pagas un porcentaje adicional solo si ganas el caso. Los gastos adicionales pueden incluir peritajes, publicaciones, certificaciones y costas judiciales. Se recomienda solicitar un presupuesto detallado y por escrito antes de contratar servicios legales para evitar sorpresas posteriores.

Los tiempos varían significativamente según tipo de caso: divorcios de mutuo acuerdo 2-4 meses, divorcios contenciosos 8-18 meses, sucesiones intestadas 6-12 meses, juicios ordinarios civiles 12-36 meses, juicios ejecutivos 6-18 meses, y procedimientos de jurisdicción voluntaria 1-6 meses. Factores que influyen incluyen carga de trabajo del juzgado, complejidad del caso, cooperación de las partes, necesidad de peritajes especializados, y apelaciones interpuestas. Procesos en CDMX suelen ser más rápidos que en estados con menor infraestructura judicial. Tu abogado puede acelerar procesos mediante estrategias procesales adecuadas, cumplimiento estricto de plazos, y negociación efectiva con contrapartes. La comunicación constante con tu abogado es clave para mantener momentum procesal.

Para verificar credenciales, consulta el registro del Colegio de Abogados de tu estado, confirma su cédula profesional en el sistema SEP, verifica membresías en organizaciones profesionales como la Barra Mexicana, y revisa antecedentes disciplinarios en colegios profesionales. Solicita referencias específicas de casos similares, busca reseñas online en plataformas confiables, y verifica su registro ante tribunales locales. Un abogado confiable debe mostrar transparencia sobre honorarios y costos, proporcionar contrato de prestación de servicios claros, mantener comunicación regular sobre avances del caso, y tener oficina establecida con infraestructura profesional. Señales de alerta incluyen promesas de resultados garantizados, solicitudes de pagos totales anticipados, falta de documentación formal, o evasivas sobre su experiencia y credenciales. La primera impresión en consulta inicial es indicativa de su profesionalismo general.

Los honorarios varían significativamente según especialidad, experiencia y complejidad del caso: Consultas iniciales: 1,000−5,000 MXN Casos civiles simples: 15,000−50,000 MXN Divorcios: 20,000−150,000 MXN Casos penales: 30,000−300,000 MXN Asuntos corporativos: 50,000−500,000 MXN Esquemas de pago incluyen: Honorarios fijos para trámites estándar Honorarios por hora: 800−3,000 MXN Honorarios de éxito (porcentaje del resultado) Pagos mensuales para casos largos Retainers para servicios continuos Factores que influyen en el costo: reputación del abogado, complejidad del caso, tiempo requerido, ubicación geográfica y urgencia. Se recomienda solicitar un presupuesto detallado por escrito antes de contratar, incluyendo gastos adicionales como peritajes, certificaciones y costas judiciales. Desconfía de precios excesivamente bajos o altos sin justificación clara.

Para verificar credenciales profesionales: consulta el registro del Colegio de Abogados de tu estado, verifica cédula profesional en el sistema SEP (sedula.sep.gob.mx), confirma membresías en organizaciones como la Barra Mexicana, revisa antecedentes disciplinarios en colegios profesionales, solicita referencias de casos anteriores, y consulta tribunales donde ejerce regularmente. Documentos que debe mostrar: cédula profesional vigente, registro ante tribunales, póliza de responsabilidad civil, membresía colegial activa, y certificados de especialización. Señales de alerta: evasivas sobre credenciales, falta de oficina establecida, promesas irreales de resultados, solicitud de pagos totales anticipados, ausencia de contrato de servicios, y presión para firmar inmediatamente. Plataformas oficiales permiten verificar autenticidad de documentos y confirmar que el abogado esté habilitado para ejercer legalmente.

Cada área requiere especialización particular: derecho civil para contratos, propiedades, herencias y responsabilidad civil; derecho penal para delitos, investigaciones y procesos criminales; derecho laboral para despidos, demandas patronales y seguridad social; derecho familiar para divorcios, custodia, adopciones y pensiones alimenticias; derecho fiscal para problemas con SAT, auditorías y planeación tributaria; derecho mercantil para empresas, sociedades y contratos comerciales; derecho migratorio para visas, residencias y naturalización; propiedad intelectual para marcas, patentes y derechos de autor. Subespecializaciones incluyen: litigios vs consultoría, nacional vs internacional, persona física vs moral, preventivo vs correctivo. Elegir incorrectamente puede resultar en estrategias inadecuadas, pérdida de tiempo y costos adicionales. Consulta inicial debe confirmar que el abogado tenga experiencia específica en tu tipo de problema y casos exitosos similares documentados.

Considera cambiar abogado cuando experimentes: falta de comunicación persistente (no responde llamadas, no informa avances), incompetencia evidente (errores procesales, desconocimiento de leyes), conflictos éticos (intereses contrapuestos, comportamiento inapropiado), resultados consistentemente negativos sin explicación válida, cambios unilaterales en honorarios acordados, falta de tiempo dedicado a tu caso, pérdida de confianza en su capacidad o integridad. Proceso de cambio: evalúa el estado actual del caso, consulta segundo abogado para opinión, revisa contrato de servicios existente, notifica formalmente al abogado actual, solicita expediente completo, liquida honorarios pendientes, y presenta nuevo abogado ante tribunales. Consideraciones importantes: timing crítico (no cambiar en vísperas de audiencias importantes), costos adicionales de transición, tiempo requerido para que nuevo abogado se familiarice, posibles retrasos procesales. Documentación adecuada del cambio evita problemas futuros y protege tus intereses legales.

Un abogado profesional debe garantizar: confidencialidad absoluta de información compartida, dedicación exclusiva durante representación (sin conflictos de interés), comunicación regular sobre avances y estrategias, transparencia total en costos y honorarios, cumplimiento de plazos procesales críticos, documentación adecuada de todas las actuaciones, acceso al expediente cuando lo solicites, explicaciones claras de opciones legales disponibles. Lo que NO puede garantizar: resultados específicos (ningún abogado honesto promete ganar), tiempos exactos de resolución judicial, costos fijos en procesos impredecibles, control sobre decisiones de jueces o autoridades. Garantías éticas: representación competente, lealtad al cliente, honestidad en evaluaciones de caso, preparación adecuada, puntualidad en compromisos. Protecciones adicionales: póliza de responsabilidad civil, supervisión colegial, mecanismos de queja y arbitraje, código ético profesional vinculante. Desconfía de promesas de resultados garantizados o honorarios condicionados a resultados específicos imposibles de asegurar.

No. AI has no legal personality. It can draft or edit documents, but the final legal responsibility rests with a human being — an authorized lawyer or corporate representative.

AI saves time by automating jurisprudence searches, reviewing contracts, and detecting contradictions. This increases precision, improves efficiency, and allows lawyers to focus on strategy and human judgment.

Yes. The use of AI in law involves sensitive data. Lawyers in Mexico must ensure that any tool complies with the Federal Law on Protection of Personal Data (LFPDPPP) and other confidentiality standards.

Not yet. In Mexico, only licensed lawyers can represent individuals in court. AI can prepare information but cannot litigate or express moral reasoning before a judge.

By learning about digital law, data privacy, and basic programming. The next generation of lawyers will be both legal thinkers and technological strategists, capable of merging law with innovation.

Civil Law

About Civil Law

Detailed information about Civil Law

Lawyers specialized in Civil Law

Soluciones Jurídicas Lic. Víctor Carrillo Estrada

ABOGADOS EN MONTERREY

Jurídico Martínez

Frequently asked questions about Civil Law

Other practice areas

Criminal Law

Family Law

Labor Law

Real Estate Law

Do you need a lawyer specialized in civil law?

Civil Law

About Civil Law

Detailed information about Civil Law

Lawyers specialized in Civil Law

Soluciones Jurídicas Lic. Víctor Carrillo Estrada

ABOGADOS EN MONTERREY

Jurídico Martínez

Frequently asked questions about Civil Law

How much does a civil lawyer charge in Mexico?

What to do if I’m sued and don’t have money for a lawyer?

Where to find a free civil lawyer near me in Mexico?

¿Cómo evidenció el terremoto de 1985 fallas legales en la responsabilidad civil y urbanística en México?

¿Qué papel jugó el amparo después del terremoto de 1985 en la exigencia de justicia y reparación para los afectados?

¿Cuáles fueron las organizaciones de la sociedad civil que emergieron tras el terremoto y cómo impactaron su relación con el sistema jurídico?

¿Qué reformas jurídicas han resultado de las lecciones dejadas por el terremoto de 1985 que todavía aplican en 2025?

¿Por qué es importante recordar el terremoto de 1985 en el contexto de justicia y derechos humanos hoy?

¿Qué entiende la ley mexicana por bullying laboral y cuándo puede calificarse como delito?

¿Qué tipo de acciones legales pueden emprender los afectados por bullying laboral en México?

¿Cuáles son los desafíos legales para que un caso como el de Carlos Gurrola prospere en México?

¿Qué reformas legales se proponen para fortalecer la protección contra el bullying en México en 2025?

¿Qué medidas puede tomar un empleado si está siendo víctima de bullying y quiere proteger sus derechos desde ahora?

¿Necesito contratar un abogado o puedo manejar el caso por mi cuenta?

How much time do I have to respond to a judicial notification?

What happens if I completely ignore the judicial notification?

Can I reach an agreement without going to trial?

¿Cuánto tiempo tengo para responder a una notificación judicial?

¿Qué pasa si ignoro completamente la notificación judicial?

¿Puedo llegar a un acuerdo sin ir a juicio?

¿Cuáles son los costos aproximados de defenderse en un juicio?

¿Qué documentos debo reunir urgentemente?

¿Cuándo necesito un abogado especialista en derecho civil?

¿Cuál es la diferencia entre un abogado general y uno especialista en derecho civil?

¿Cuánto cobra un abogado especialista en derecho civil?

¿Cuánto tiempo toman los procesos de derecho civil?

¿Cómo verificar si un abogado está certificado y es confiable?

¿Cuándo necesito un abogado especialista en derecho civil?

¿Cuál es la diferencia entre un abogado general y uno especialista en derecho civil?

¿Cuánto cobra un abogado especialista en derecho civil?

¿Cuánto tiempo toman los procesos de derecho civil?

¿Cómo verificar si un abogado está certificado y es confiable?

¿Cuánto debo pagar por los servicios de un abogado en México?

¿Cómo verificar si un abogado está certificado en México?

¿Qué especialización legal necesito para mi caso específico?

¿Cuándo debo cambiar de abogado durante un proceso legal?

¿Qué garantías debe ofrecer un abogado profesional?

Can artificial intelligence sign legal documents in Mexico?

What practical benefits does AI bring to lawyers?

Are there ethical or legal risks in using AI?

Could AI ever argue in court?

How should young lawyers prepare for AI disruption?

Other practice areas

Criminal Law

Family Law

Labor Law

Real Estate Law

Do you need a lawyer specialized in civil law?