El sismo del 19 de septiembre de 1985, que devastó la Ciudad de México y dejó más de 10,000 muertos, no fue sólo una tragedia natural. También reveló una profunda crisis de justicia social, corrupción y derechos humanos que aún resuena cuarenta años después, en 2025.
Cuando la tierra tembló, la ley se paralizó
Los edificios colapsados —muchos de ellos recién construidos— expusieron una red de corrupción en la construcción y la negligencia de las autoridades encargadas de la supervisión urbana. La responsabilidad del Estado se disolvió entre trámites, omisiones y privilegios.
El sistema judicial no respondió a las víctimas que buscaron reparación. La mayoría de las demandas quedaron enterradas entre expedientes y burocracia, sin justicia efectiva.
Corrupción en la construcción: una tragedia evitable
La corrupción en la construcción fue un factor determinante en la magnitud del desastre. Permisos fraudulentos, materiales defectuosos y auditorías inexistentes causaron que cientos de edificios colapsaran. Hoy, organizaciones como la Secretaría de la Función Pública (SFP) supervisan los procedimientos de transparencia en infraestructura pública, intentando evitar nuevas negligencias.
El despertar de la sociedad civil
Lo que empezó como una reacción humanitaria —vecinos removiendo escombros con sus manos— pronto se convirtió en un movimiento jurídico, político y social. Por primera vez en el México moderno, la ciudadanía se organizó al margen del Estado.
Los movimientos sociales que surgieron tras el terremoto marcaron un antes y un después. La solidaridad se transformó en exigencia legal: las voces ciudadanas comenzaron a demandar reformas legales, transparencia y participación pública en los procesos de justicia.
El impacto dio origen a grupos que posteriormente integrarían redes como Red TDT (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos), que aún hoy impulsan la defensa de los derechos de las víctimas.
Impacto en materia de derechos humanos
El terremoto de 1985 no sólo derrumbó edificios; también destruyó la confianza en las instituciones. La inexistencia de mecanismos de reparación reveló violaciones sistemáticas a los derechos humanos: falta de acceso a la justicia, negligencia estatal y ausencia de protección a las víctimas.
Un sistema en deuda con las víctimas
Miles de familias quedaron sin hogar ni apoyo legal. Fue entonces cuando la justicia social se convirtió en un clamor nacional. Este vacío impulsó a las primeras ONG a defender el derecho a la vivienda y a promover políticas de reconstrucción dignas.
Responsabilidad del Estado y jurisprudencia
Las discusiones jurídicas posteriores al desastre marcaron un antes y un después en materia de responsabilidad del Estado. Se comenzaron a presentar amparos que buscaban obligar al gobierno a garantizar viviendas seguras y reparación del daño.
Casos y precedentes
Algunos fallos judiciales de los años noventa reconocieron la obligación del Estado de supervisar la infraestructura y sancionar la negligencia, sentando bases jurisprudenciales que hoy siguen siendo referencia.
Consecuencias legales duraderas
Del 85 surgieron:
- El crecimiento de ONG dedicadas al derecho a la vivienda.- Los primeros amparos para exigir al Estado obligaciones concretas de reconstrucción.- Los debates sobre la responsabilidad civil y penal de las autoridades negligentes.
Estas experiencias legales transformaron el panorama jurídico mexicano y fortalecieron la noción de que la justicia debe acompañar a las víctimas, no abandonarlas.
Reformas legislativas post-1985
Las reformas legales posteriores establecieron nuevas normas en materia de construcción, transparencia y derechos de las víctimas:
- Reformas al Código Civil y Penal para sancionar la negligencia y la falsificación de permisos.
- Incorporación de principios de protección de derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Creación de la Ley General de Víctimas, que reconoce la responsabilidad del Estado y garantiza la reparación integral.
Estas reformas legales consolidaron el vínculo entre el derecho y la sociedad civil, generando herramientas para prevenir futuras tragedias.
Comparación con otras crisis
Desastres posteriores —como los sismos de 2017— evidenciaron que las lecciones de 1985 no se aplicaron plenamente. Aunque surgieron nuevas instituciones y normas, los patrones de corrupción y negligencia reaparecieron.
El contraste con otros países latinoamericanos muestra que una justicia sólida y participativa es el mejor antídoto contra la impunidad.
testimonios de víctimas
Voces que no se apagaron
A través de testimonios preservados por medios y ONG, se reconstruye la memoria jurídica del desastre: madres que demandaron al Estado por pérdida de sus hijos, trabajadores que denunciaron construcciones irregulares, y vecinos que organizaron litigios colectivos por responsabilidad estatal.
El papel de los medios y de las ONG
La labor de los medios fue clave para visibilizar la corrupción en la construcción y motivar investigaciones judiciales.
Paralelamente, las ONG se consolidaron como actores principales del cambio, promoviendo el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de las víctimas.
Lecciones para la justicia en 2025
El terremoto de 1985 sigue siendo una advertencia jurídica. Demuestra que los sistemas legales deben responder cuando las instituciones fallan. En tiempos de crisis, la justicia no puede esperar.
Cada edificio derrumbado simbolizó no sólo una falla estructural, sino una falla del derecho.Recordar 1985 no es sólo honrar a las víctimas: es reafirmar la responsabilidad del Estado y la necesidad constante de justicia social y reformas legales efectivas.
Conclusión
El legado jurídico del sismo de 1985 trasciende generaciones. Fue un parteaguas en materia de derechos humanos, responsabilidad del Estado, y movilización ciudadana.
Gracias a ese despertar, México adoptó un camino más firme hacia la justicia y la transparencia, consolidando una sociedad civil vigilante y un marco legal más humano.