El inicio de una nueva batalla digital
México se prepara para la expansión total de la red 5G, y Telefónica Movistar se encuentra en el ojo del huracán.
La empresa española, que durante años fue la segunda operadora del país, hoy enfrenta una tormenta de controversias legales y regulatorias: concesiones, competencia, privacidad de datos y una tensa relación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Mientras AT&T México avanza con su propio despliegue tecnológico, Movistar busca alianzas estratégicas y acuerdos de red compartida; sin embargo, las condiciones legales impuestas por el IFT y los contratos de interconexión han encendido las alarmas de los analistas.
IFT vs. Movistar: concesiones bajo presión
Las licencias en la cuerda floja
Para operar 5G, las empresas deben renovar o adquirir espectro radioeléctrico. En 2024, el IFT notificó a Telefónica que revisaría las condiciones de su convenio de renta de espectro con AT&T, debido a posible concentración de mercado y riesgos de monopolio.
La medida despertó críticas: Movistar alega que el modelo actual no viola la ley, sino que permite eficiencia y mejor cobertura.
Competencia o castigo político
Expertos jurídicos señalan que detrás de los comunicados del IFT hay diferencias políticas sobre cómo manejar el espectro nacional y el acceso a infraestructura. El debate podría derivar en una batalla judicial ante tribunales federales si el IFT restringe su participación en futuras licitaciones 5G.
Privacidad y protección de datos: el otro frente
Con el salto tecnológico llega una nueva obligación: proteger millones de datos personales que viajan en tiempo real a través de la red 5G.
El riesgo es doble: por un lado, las políticas internas; por otro, las aplicaciones externas que usan la infraestructura de Movistar.
En los últimos meses, la empresa enfrentó cuestionamientos tras la filtración de información de usuarios corporativos, un incidente que reavivó la preocupación por el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Abogados mexicanos aseguran que, aunque Movistar implementó medidas de reparación, el daño reputacional demuestra que el futuro del 5G no solo depende de la velocidad, sino de la confianza legal.
AT&T y el juego de la interconexión
Contrato o trampa regulatoria
Desde 2019, Telefónica arrastra un acuerdo con AT&T para alquilar parte de su red en México, lo que le permitió ahorrar costos. Ahora, con el 5G, la cláusula de expansión tecnológica del acuerdo se convirtió en un dolor de cabeza: AT&T exige renovación bajo nuevas tarifas y condiciones de exclusividad.
Juristas especializados hablan de un posible caso de competencia desleal, al mantener a Movistar dependiente de infraestructura ajena. Lo que comenzó como alianza puede terminar en tribunales comerciales si no hay mediación del IFT.
¿Un nuevo monopolio digital?
El riesgo, dice el abogado Luis F. Sánchez, está en repetir el modelo Telmex, donde una sola red controlaba el acceso nacional. “El 5G no puede construirse sobre cadenas contractuales opacas; la neutralidad tecnológica debe garantizarse por ley”, apunta.
Ciberseguridad y compliance
Con más dispositivos conectados, la legislación mexicana exige políticas de seguridad cibernética auditables. Sin embargo, pocas empresas cumplen al 100 %. Movistar México está bajo supervisión por parte del IFT y del INAI, que planea emitir nuevas directrices para los operadores 5G en cuanto a notificación de filtraciones y consentimiento digital.
El reto legal no es solo técnico: las sanciones pueden alcanzar millones de pesos, y la reputación digital vale más que nunca.
La expansión 5G y el marco legal internacional
El despliegue 5G en México debe alinearse con estándares OECD y ONU sobre privacidad y competencia. Movistar México, como filial de Telefónica España, enfrenta además la doble regulación de protección de datos (GDPR y ley mexicana). Esto obliga a auditorías internas y procesos de transferencia segura de información transfronteriza.
Los juristas concuerdan en que 2025 será clave: si Telefónica logra resolver sus acuerdos con AT&T y renovar licencias, su modelo podría exportarse a otros mercados latinos; si fracasa, marcaría un precedente de fraque réglementaire en telecomunicaciones digitales.
Conclusión: la corona legal del 5G
Telefónica Movistar México se encuentra en una delicada encrucijada jurídica. Entre el control del IFT, la dependencia de AT&T y las exigencias de protección de datos, el futuro lo decidirán los tribunales y no solo la tecnología.
El 5G es más que velocidad digital: es una batalla por la soberanía de la información y por quién define las reglas del juego legal de la red mexicana del futuro.