En 2025, México alcanzó una cifra alarmante: más de 100,000 personas privadas de libertad sin haber recibido sentencia.
Este hecho genera preocupación por derechos humanos, hacinamiento carcelario y por la legitimidad del sistema de justicia.
El abuso de la prisión preventiva
La prisión preventiva fue concebida como una medida excepcional, pero en la práctica se ha convertido en la regla general.
Miles de personas acusadas de delitos menores pasan años encarceladas antes de que un juez determine su culpabilidad o inocencia.
Violación de la presunción de inocencia
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esta práctica viola el principio constitucional de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En algunos casos, los detenidos permanecen más tiempo en prisión preventiva que la condena que hubieran recibido si se les declarara culpables.
El impacto humano de la justicia lenta
La lentitud judicial no sólo es un fallo institucional, sino una tragedia humana.
- Muchos internos son primodelincuentes, acusados de delitos menores.
- Las familias viven crisis económicas y emocionales mientras esperan la sentencia.
- El hacinamiento carcelario agrava la violencia, la extorsión y las enfermedades dentro de los centros penitenciarios.
Un hombre común como Juan Pérez pasó cuatro años en prisión preventiva acusado de robo menor, sólo para ser absuelto. Para entonces, había perdido su empleo, su familia y su salud mental.
El principio de presunción de inocencia
Este derecho fundamental —reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)— establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario.
El abuso de la prisión preventiva vulnera directamente este principio, transformando el proceso penal en una forma de castigo anticipado.
Los cuellos de botella judiciales
El sistema de justicia mexicano enfrenta una crisis judicial profunda:
- Falta de jueces y defensores públicos suficientes.
- Retrasos administrativos en la presentación de pruebas.
- Casos de corrupción que retrasan los procesos.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, más del 60% de las causas penales en México permanecen abiertas más de dos años antes de alcanzar una resolución.
Impacto en la salud mental
Las consecuencias psicológicas para los presos sin sentencia son devastadoras: ansiedad, depresión, despersonalización y, en casos extremos, intentos de suicidio.Sus familias también sufren traumas, estigmatización y pérdida de estabilidad emocional.
Efectos comunitarios
Las comunidades que rodean los centros penitenciarios se ven afectadas económica y socialmente, generando un ciclo de pobreza y desconfianza en las instituciones.
Análisis comparativo internacional
Otros países latinoamericanos han tomado medidas para reducir la prisión preventiva:
- Chile limitó la duración máxima de la detención preventiva a seis meses.
- Colombia implementó revisiones judiciales más estrictas cada tres meses.
En cambio, México continúa con lapsos promedio de 2 a 5 años sin sentencia, violando estándares internacionales de derechos humanos.
Testimonios de víctimas
“Perdí cinco años esperando justicia”
“Me acusaron de un delito que no cometí. Pasé cinco años en la cárcel antes de que me declararan inocente. Cuando salí, mi hijo ya no me conocía.”
— Testimonio recogido por un colectivo de defensa penal, 2025.
Estos testimonios ilustran cómo la prisión preventiva destruye vidas antes de que la justicia pueda actuar.
Propuestas de reforma penal
En 2025, el Congreso mexicano debate una reforma penal para limitar la prisión preventiva oficiosa.Entre las propuestas destacan:
- Revisiones judiciales obligatorias cada seis meses.
- Sustitución de la prisión preventiva por medidas cautelares alternativas (fianzas, arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico).
- Capacitación y aumento de personal judicial para reducir demoras.
Pero la resistencia política sigue siendo fuerte. Algunos sectores argumentan que estas medidas debilitarían la lucha contra el crimen organizado.
Perspectiva internacional
Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han advertido que el abuso de la prisión preventiva en México viola compromisos internacionales y genera una crisis humanitaria en los centros penitenciarios.
México corre el riesgo de enfrentar sanciones internacionales si no garantiza juicios en tiempo razonable y condiciones carcelarias dignas.
Conclusión
Mantener a 100,000 personas privadas de libertad sin sentencia no es justicia: es castigo sin juicio.La reforma penal no significa ser complaciente con el crimen, sino defender los derechos humanos y la dignidad humana.Si la presunción de inocencia tiene algún valor real, ningún país debería encarcelar sin juicio a 100,000 personas.