Derecho Penal y Defensa Legal en México

Un abogado penalista en México cobra: consulta inicial entre 1,000 y 3,000 MXN, defensa simple entre 25,000 y 80,000 MXN, y casos graves entre 100,000 y 500,000+ MXN. En delitos federales o de narcotráfico los honorarios pueden llegar a 300,000 – 1,000,000+ MXN.
Sí vale la pena contratarlo: un penalista especializado puede reducir la sentencia entre 50% y 80%, evitar prisión preventiva y negociar salidas alternas. Sin defensa experta arriesgas años de cárcel. Compara abogados penalistas verificados en AbogadoMex.mx.

NO puedes ir a la cárcel por deudas civiles (tarjetas de crédito, préstamos bancarios, créditos personales). PERO SÍ puedes ir preso por: cheques sin fondos (delito penal), pensión alimenticia impagada, defraudación fiscal o fraude.
Si te acusan de “fraude”, necesitas abogado penalista URGENTE: la diferencia entre deuda civil y delito penal puede costarte la libertad. Consulta inmediata en AbogadoMex.mx si recibiste citatorio del MP o de un juzgado penal.

Si la policía te detiene:

1. NO hables sin abogado presente
2. Pide comunicarte con un familiar o abogado
3. NO firmes nada
4. La autoridad tiene máximo 48 horas para consignarte o liberarte.

Sí necesitas abogado penalista inmediatamente si te acusan de delito. Una defensa desde el primer momento puede evitar la prisión preventiva. En AbogadoMex.mx puedes contactar abogados penalistas 24/7 para emergencias en todo México.

Fue detenida por presunta participación indirecta en el intento de disolución del Congreso de Perú en 2022. La Fiscalía sostiene que conocía los planes del presidente Pedro Castillo y no los denunció, lo cual podría considerarse conspiración.

Se le atribuyen los delitos de rebelión y conspiración, figuras legales que castigan cualquier intento o colaboración para alterar el orden constitucional, incluso si la persona no ejecutó directamente el hecho.

Hasta ahora no se ha presentado una prueba directa. El caso se basa en indicios, testimonios y reuniones previas, lo que deja espacio para debate jurídico y político.

Betssy Chávez podría enfrentar varios años de prisión, inhabilitación política y un precedente importante sobre la responsabilidad penal por omisión de funcionarios públicos.

Demuestra que la frontera entre justicia y política sigue siendo frágil. Los gobiernos deben garantizar procesos judiciales imparciales y evitar usar el derecho penal como instrumento de control político.