Derecho Familiar

Divorciarse en México cuesta: divorcio incausado (voluntario) entre 8,000 y 25,000 MXN, divorcio necesario entre 30,000 y 100,000+ MXN.
El más barato es el divorcio administrativo en Registro Civil (1,500–3,000 MXN), válido solo si no hay bienes en común ni hijos menores.
Con abogado familiar en CDMX y Monterrey los costos son 40% más altos. Muchos ofrecen planes de pago.
Compara precios reales de abogados familiaristas verificados en AbogadoMex.mx con primera consulta gratuita.

NO te pueden quitar a tus hijos solo por divorciarte. La patria potestad corresponde a ambos padres, salvo casos de: violencia familiar comprobada, abandono, adicciones graves o maltrato infantil.
El juez familiar decide la custodia con base en el “interés superior del menor”. Factores clave: estabilidad económica, vínculo afectivo y tiempo disponible.
Un abogado familiarista protege tus derechos parentales. Encuentra especialistas en custodia en AbogadoMex.mxpara defender tu relación con tus hijos.

La pensión alimenticia en México es mínimo 15% de ingresos por hijo, y puede llegar al 50% del ingreso total.
Se calcula según: sueldos, prestaciones, rentas y negocios.
Si no puedes pagar, las consecuencias son: embargo de cuentas/bienes, descuento vía nómina o prisión hasta 6 meses por abandono familiar.
Puedes solicitar reducción si tus circunstancias cambian. Abogados familiaristas en AbogadoMex.mx negocian montos justos y evitan cárcel.

El monto de la pensión alimenticia varía según los ingresos del deudor alimentario y el número de hijos. En general, se estima que: Para un hijo: entre el 15% y el 20% del ingreso neto mensual del deudor. Para dos hijos: entre el 20% y el 30%. Para tres o más hijos: más del 30%. Estos porcentajes pueden ajustarse según las necesidades específicas de los menores y las circunstancias del deudor.

La pensión alimenticia cubre las necesidades básicas del menor, que incluyen: Alimentación Educación Salud Vivienda Vestimenta Transporte Gastos extraordinarios El juez determinará el monto específico considerando el nivel de vida previo y las necesidades particulares del menor.

El cálculo se basa en varios factores, entre ellos: Ingresos del deudor alimentario Número de hijos Edad de los hijos Necesidades específicas del menor Nivel de vida previo Aunque no existe un porcentaje fijo en la ley, en la práctica, los jueces suelen aplicar: 15% a 20% del ingreso neto para un hijo 20% a 30% si hay dos hijos Más del 30% si hay tres o más hijos Estos porcentajes pueden variar según las circunstancias del caso.

El incumplimiento de la pensión alimenticia puede tener graves consecuencias legales, como: Embargo de bienes y cuentas bancarias Retención del salario Prohibición de salir del país Registro en el padrón de Deudores Alimentarios Morosos Cárcel, ya que el no pago de la pensión es considerado un delito en México Es fundamental cumplir con esta obligación para garantizar el bienestar de los menores y evitar sanciones legales.

Actualmente 15 estados ofrecen divorcio digital: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Yucatan, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California, Veracruz, Oaxaca y Hidalgo. Cada estado tiene su plataforma específica con requisitos particulares. CDMX fue pionero con su sistema desde 2020, procesando más de 10,000 divorcios digitales exitosos. Estado de México ofrece el proceso más rápido (2-4 semanas), mientras que Jalisco tiene los costos más competitivos ($2,000-4,000 MXN). Estados restantes están implementando gradualmente sistemas digitales. Si resides en estado sin servicio digital, puedes tramitar en estado fronterizo que sí lo ofrezca, respetando requisitos de domicilio temporal. La tendencia indica que para 2026 todos los estados tendrán capacidad digital completa.

El tiempo promedio es 3-8 semanas desde solicitud hasta sentencia, significativamente más rápido que divorcios presenciales (3-12 meses). CDMX procesa en 15-20 días hábiles, Estado de México 20-30 días, Jalisco 25-35 días, mientras que estados con menor volumen pueden tardar 6-8 semanas. Factores que influyen: completitud documental (solicitudes completas procesan 40% más rápido), época del año (diciembre-enero son más lentos), carga de trabajo del registro civil digital, y complejidad del convenio patrimonial. Errores documentales pueden agregar 1-2 semanas de correcciones. Divorcios con bienes complejos (empresas, inmuebles múltiples) requieren revisión adicional. El seguimiento digital permite monitorear avances en tiempo real y recibir notificaciones de cualquier observación o requerimiento adicional.

Los costos varían según el estado: CDMX: 3,500−5,000 MXN Estado de México: 2,000−4,000 MXN Jalisco: 2,500−3,500 MXN Nuevo León: 4,000−6,000 MXN Otros estados: 2,000−5,000 MXN Gastos adicionales incluyen: Apostillas si requieres documentos internacionales (500−1,000 MXN) Asesoría legal opcional (5,000−15,000 MXN) Certificaciones notariales para convenios complejos (5,000−15,000 MXN) Copias certificadas adicionales (200−500 MXN) ⚖️ Comparado con divorcios presenciales (10,000−50,000 MXN), el ahorro es significativo: 60−80%. Algunos estados ofrecen descuentos para adultos mayores, estudiantes o personas con situaciones económicas vulnerables. Métodos de pago: transferencias bancarias, tarjetas de crédito y, en algunos casos, pagos en tiendas de conveniencia. El costo incluye la sentencia digital certificada con validez legal completa.

Si no hay mutuo acuerdo, el divorcio por internet no es posible y debes proceder con divorcio contencioso presencial ante juzgados familiares. Este proceso incluye: presentar demanda de divorcio especificando causales (infidelidad, violencia, abandono, etc.), emplazamiento judicial del cónyuge demandado, período de pruebas donde ambas partes presentan evidencias, audiencias para argumentar posiciones, y sentencia judicial que puede tardar 8-24 meses. Costos del divorcio contencioso: $20,000-150,000 MXN en honorarios legales, más gastos judiciales y peritajes. Mediación familiar puede ayudar a alcanzar acuerdos y convertir proceso contencioso en mutuo consentimiento, permitiendo después tramitar digitalmente. Temas en disputa típicos incluyen custodia de hijos, pensiones alimenticias, división patrimonial, y uso del domicilio conyugal. La asesoría legal especializada es indispensable en estos casos para proteger derechos e intereses.

Absolutamente sí. Los divorcios digitales tienen plena validez jurídica equivalente a divorcios presenciales, siempre que cumplan requisitos legales establecidos. La Suprema Corte de Justicia ha confirmado que medios electrónicos son válidos para actos jurídicos cuando garantizan autenticidad e integridad. Sentencias digitales tienen firma electrónica certificada por autoridades competentes, folio único nacional para verificación, apostilla digital disponible para uso internacional, y registro automático en bases de datos del Registro Civil Nacional. Documentos digitales son aceptados por: bancos para cambios de estado civil, INFONAVIT para modificaciones crediticias, SAT para actualizaciones fiscales, instituciones educativas para trámites de hijos, embajadas para trámites migratorios, y notarías para actos jurídicos posteriores. La autenticidad se verifica mediante códigos QR, firmas electrónicas, y consulta en portales oficiales. Copias certificadas adicionales se obtienen digitalmente sin necesidad de acudir presencialmente.

Las sanciones por incumplimiento incluyen: pena de prisión de 6 meses a 6 años según el Código Penal, multa de 30 a 180 días de salario mínimo, inscripción en Registro Nacional de Deudores Alimentarios, embargo precautorio de bienes y cuentas bancarias, retención de hasta 50% del salario, imposibilidad de obtener pasaporte, visa o licencia de conducir, bloqueo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, remate de bienes inmuebles para cubrir adeudos. Agravantes incluyen: abandono total del menor, ocultación de bienes, cambio de domicilio sin avisar al juzgado, y resistencia a órdenes judiciales. La prisión se ejecuta cuando hay desobediencia judicial reiterada, no necesariamente por la deuda en sí, sino por desacato a mandatos judiciales específicos de pago.

Sí, puedes solicitar modificación por cambio de circunstancias económicas, pero debes actuar inmediatamente. El proceso incluye: presentar demanda de modificación antes del juez que estableció la pensión original, demostrar el cambio económico con documentación (carta de despido, finiquito, estado financiero), proponer nueva cantidad basada en tus ingresos actuales, continuar pagando la pensión original hasta que se resuelva la modificación, aportar pruebas de búsqueda activa de empleo. Importante: la deuda generada antes de solicitar modificación NO se cancela, solo se reduce la pensión futura. Errores comunes: dejar de pagar esperando resolución automática, no documentar adecuadamente el cambio económico, tardar meses en solicitar modificación. Si quedas desempleado, solicita modificación inmediatamente y propón pago mínimo temporal hasta encontrar nuevo empleo. La buena fe procesal es clave para obtener resoluciones favorables.

El Registro Nacional de Deudores Alimentarios es una base de datos pública que contiene información de personas que incumplen con obligaciones alimentarias. Consecuencias de estar inscrito: imposibilidad de obtener pasaporte mexicano, negación de visas para otros países, restricción para obtener licencias de conducir, bloqueo para trámites ante notarías públicas, limitaciones para créditos bancarios y hipotecarios, impedimento para ser funcionario público, restricción para constituir empresas o sociedades. Cómo salir del registro: liquidar totalmente la deuda alimentaria, cumplir con convenio de pago autorizado judicialmente, demostrar cumplimiento sostenido por período determinado. La inscripción es automática cuando hay resolución judicial firme de incumplimiento. Información pública: cualquier persona puede consultar si alguien está en el registro. Vigencia: permanece hasta acreditar cumplimiento total de obligaciones alimentarias pendientes.

Sí, pueden embargar hasta el 50% de tu salario para pensión alimenticia, ya que se considera crédito preferente. Procedimiento de embargo salarial: el juzgado notifica directamente a tu empleador, se descuenta automáticamente de tu nómina, el pago va directamente al beneficiario o juzgado, no puedes negarte ni tu empleador puede rehusarse. Salarios embargables: sueldos, comisiones, bonos, aguinaldo (parcialmente), liquidaciones laborales, pensiones de jubilación, rentas de bienes inmuebles. Excepciones limitadas: salario mínimo (solo parcialmente), prestaciones de seguridad social básicas, indemnizaciones por accidente laboral. Si cambias de empleo: debes notificar al juzgado tu nuevo trabajo en 48 horas, ocultar nuevo empleo constituye desacato judicial. El embargo continúa hasta liquidar totalmente la deuda. Estrategia legal: negociar plan de pagos voluntario puede evitar embargo y permitir mayor control sobre descuentos.

Huir al extranjero NO cancela la obligación alimentaria y puede agravar tu situación legal. Consecuencias internacionales: órdenes de aprehensión pueden ejecutarse en países con tratados de extradición, Interpol puede emitir ficha roja en casos graves, embajadas mexicanas pueden negar servicios consulares, imposibilidad de renovar documentos mexicanos en el extranjero, bloqueo de cuentas bancarias en México, remate de bienes que permanezcan en el país. Procedimientos transfronterizos: exhortos internacionales para embargo de bienes en otros países, cooperación judicial internacional para localización y embargo, notificaciones a través de embajadas y consulados. Regreso a México: detención inmediata en cualquier punto de entrada, proceso penal por sustracción de menores (si aplica), acumulación de deudas e intereses durante ausencia. Alternativa legal: solicitar autorización judicial para radicar en el extranjero, establecer mecanismo de pago internacional, designar representante legal en México. La fuga solo complica y encarece la resolución eventual del problema.

Si hay incumplimiento reiterado, el juez puede ordenar embargo de bienes, retención de salario y hasta pena de prisión. También se puede realizar una denuncia penal ante el Ministerio Público por incumplimiento de obligaciones familiares.

Sí. Si cambian las circunstancias económicas de cualquiera de las partes, puede solicitarse una modificación de pensión. Es importante aportar pruebas de ingresos o gastos actuales.

En la mayoría de los casos, hasta que los hijos cumplan 18 años, pero puede extenderse si siguen estudiando o no pueden mantenerse solos. Para cónyuges, depende del tiempo que necesiten para reintegrarse al mercado laboral.

Sí, abarca alimentación, vivienda, vestido, educación y atención médica. En casos especiales, puede incluir transporte y recreación, siempre con autorización judicial.

Aunque se puede presentar personalmente, contar con un abogado familiar aumenta tus posibilidades de éxito, garantiza la correcta presentación de pruebas y acelera el proceso.